Así es la reforma laboral que impulsa Milei
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28 de octubre de 2025
El Gobierno de Javier Milei planea avanzar con una nueva ofensiva de reformas laborales tras su reciente triunfo electoral y con un Congreso más favorable. Según analistas, el oficialismo busca retomar las medidas que había impulsado a través de la Ley Bases, cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia. Esta segunda etapa apunta a profundizar la desregulación del mercado de trabajo, con el argumento de fomentar la competitividad y la creación de empleo, aunque desde distintos sectores advierten que implicaría un fuerte retroceso en los derechos laborales.
La iniciativa se apoya en viejos postulados de la derecha argentina y en la visión libertaria del mercado, que sostiene que la menor intervención del Estado generará mayor dinamismo económico. Sin embargo, especialistas y sindicatos alertan que el verdadero objetivo sería habilitar formas de contratación más precarias, con menor estabilidad y protección para los trabajadores. En la práctica, temen que se reinstale un esquema de flexibilización laboral similar al de los años noventa.
Entre los puntos más controvertidos que trascendieron, el Gobierno analiza eliminar las paritarias y reemplazarlas por “acuerdos libres” entre empleadores y empleados; suprimir las indemnizaciones por despido; limitar los juicios laborales; desarticular los convenios colectivos y permitir el pago de salarios en distintas monedas. Estas medidas, según voceros oficiales, buscarían “modernizar” el sistema laboral y premiar el mérito individual, aunque las centrales obreras las interpretan como un ataque directo a la negociación colectiva.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya anticipó en el Congreso que uno de los objetivos es vincular los aumentos salariales al desempeño y no a las paritarias. Además, el Ejecutivo analiza un cambio profundo en la registración laboral: se consideraría “empleado formal” a quien facture mensualmente como monotributista, reemplazando así el recibo de sueldo tradicional. Con este esquema, el Gobierno apunta a reducir los costos laborales, mientras los sindicatos advierten que significaría borrar la línea que separa el empleo formal de la precarización.
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