La reforma laboral que se viene: todos los detalles

El Gobierno avanza en la elaboración de un amplio proyecto de reforma laboral que cuenta con el respaldo de sectores empresariales pero enfrenta un fuerte rechazo de la CGT. El texto, que todavía circula en borrador, está siendo debatido en el Consejo de Mayo, donde conviven representantes oficiales, cámaras empresarias y el sindicalismo, aunque este último participa de manera marginal y ya adelantó su oposición frontal a la iniciativa.

 

El documento propone una reconfiguración profunda de la Ley de Contrato de Trabajo y de distintos regímenes especiales. Entre los puntos más relevantes figuran cambios en las reglas de registración, jornada laboral, vacaciones, licencias, indemnizaciones y en la definición de actividades consideradas esenciales. También se incorporan capítulos orientados a regular la economía de plataformas y el ejercicio profesional sin exigencia de matrícula, en un intento por actualizar el marco legal ante nuevas dinámicas del mercado laboral.

 

Uno de los ejes clave es la redefinición del alcance de la LCT. El borrador establece que la normativa no incluirá al empleo estatal, al trabajo agrario, al régimen de casas particulares ni a actividades comerciales regidas por el Código Civil y Comercial. Queda además fuera la prestación de servicios personales vinculados al transporte, mensajería y reparto mediante aplicaciones. A su vez, aunque se mantiene el criterio de “norma más favorable” para el trabajador, su aplicación se limitará a casos en los que persista una duda imposible de resolver tras un análisis exhaustivo.

 

El texto también plantea modificaciones en la responsabilidad de las empresas contratantes, la cual pasa a ser subsidiaria —y ya no solidaria— salvo en casos de falta de registración o incumplimientos previsionales. Además, introduce un punto central: la creación de un sistema único de registración laboral administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este organismo concentrará los registros laborales, la emisión de certificados y el seguimiento de obligaciones, extendiendo su alcance a pymes, trabajo rural y empleo a domicilio. Con esto, el Gobierno busca centralizar controles y reducir la informalidad, mientras continúan las negociaciones sobre el texto final.

 

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