El Gobierno debe decir dónde está el oro de la reserva
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23 de diciembre de 2025
La justicia ha puesto fin al hermetismo del Gobierno respecto al manejo de las reservas nacionales: la administración de Javier Milei deberá informar el destino exacto de los lingotes de oro que el Banco Central (BCRA) envió al exterior en junio de 2024. En un fallo contundente, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia que avalaba el secreto oficial, determinando que la gestión de los activos del Estado es un asunto de indudable interés público que no puede ocultarse bajo generalidades.
El litigio fue impulsado por la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, mediante un recurso de amparo que buscaba romper el cerco informativo impuesto por la autoridad monetaria. El BCRA se había negado a entregar datos amparándose en el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, alegando riesgos para la seguridad financiera. Sin embargo, los camaristas desestimaron esta defensa por considerarla dogmática e insuficiente, señalando que el organismo no logró demostrar cómo la transparencia pondría en peligro real al sistema bancario o los secretos comerciales.
La polémica sobre el traslado del metal precioso ha estado marcada por visiones económicas contrapuestas. Mientras el ministro Luis Caputo justificó la operación comparando el oro inmovilizado con un "inmueble ocioso" que debe generar rentabilidad en el extranjero, voces críticas como la del exministro Martín Guzmán alertaron sobre los riesgos de utilizar las reservas como garantía en operaciones de crédito (repo), calificando la maniobra como un "empeño de las joyas de la abuela" que compromete la soberanía de los activos.
Finalmente, la resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani ordena al BCRA entregar la documentación detallada o justificar, punto por punto y con pruebas concretas, por qué cada dato específico debe permanecer reservado. El tribunal enfatizó que las respuestas genéricas son incompatibles con los principios de buena fe y máxima divulgación, obligando al Ejecutivo a rendir cuentas sobre una maniobra que impacta directamente en la estabilidad y credibilidad económica del país.
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