Fallo de la Justicia por la muerte de los tres soldados
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26 de diciembre de 2025
La Cámara Federal de Casación Penal ha sentado un precedente judicial determinante que redefine la responsabilidad del Estado ante la muerte de personal militar dentro de los cuarteles. A través de un fallo de la Sala I, emitido este martes en el marco de una causa por el fallecimiento de un soldado en 2003, la Justicia estableció que estos decesos deben ser investigados bajo la categoría de "violencia institucional", incluso cuando la hipótesis principal sea el suicidio. La sentencia desarticula la narrativa oficial que suele reducir estos hechos a "dramas personales" y apunta directamente a la cadena de mando por negligencia, falta de control psiquiátrico o la asignación de tareas para las que la tropa no estaba apta.
El voto mayoritario de los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques —con la disidencia de Diego Barroetaveña— subraya que, en el ámbito castrense, el soldado opera bajo un contexto de autonomía restringida y obediencia debida. Por ende, los superiores actúan como garantes de su integridad y pueden enfrentar cargos penales graves, que van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta el abandono de persona o el homicidio culposo. El dictamen se apoya en jurisprudencia internacional que obliga a investigar posibles hostigamientos, abusos o una "mala praxis" en la conducción al momento de evaluar tragedias dentro de las fuerzas de seguridad.
Este nuevo marco jurídico surge de la revisión del caso de Mauro José Francisco Ramírez, un joven hallado muerto con un disparo de FAL en el pecho en un destacamento de Misiones hace dos décadas. La investigación original, plagada de irregularidades, pérdida de pruebas clave y sospechas de parcialidad, fue cerrada prematuramente. Ahora, la Casación valida el reclamo de la familia y organismos de derechos humanos para reabrir el expediente e indagar a los conscriptos que estuvieron presentes, poniendo el foco en las falencias institucionales y el desamparo que rodearon el hecho, más allá de la mecánica del disparo.
La doctrina fijada por el tribunal impacta de lleno en la coyuntura actual, marcada por la reciente muerte del soldado Gómez en la Quinta de Olivos y otros decesos similares en la última semana. Bajo esta nueva óptica, la Justicia Federal no puede limitarse a la autopsia; debe examinar si existió falta de preparación, ausencia de exámenes psicológicos o abusos de autoridad. El fallo advierte que el Estado tiene un deber ineludible de custodia sobre jóvenes que, muchas veces bajo condiciones de precariedad salarial y presión jerárquica, entregan su vida al servicio sin posibilidad de negarse a las órdenes recibidas.
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