Escándalo y allanamiento en la cárcel de Ezeiza
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29 de diciembre de 2025
Un grave caso de presunta corrupción institucional envuelve a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La Justicia de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, ordenó allanar las oficinas del titular del organismo, Fernando Julián Martínez, bajo la sospecha de haber montado un esquema de cartelización en la provisión de alimentos para el penal de Ezeiza. La investigación apunta a vínculos espurios con la firma "Bio Limp", una empresa de limpieza sin antecedentes gastronómicos que habría actuado como pantalla para continuar los negocios de "Foodrush", una proveedora previamente inhabilitada por servir comida en estado de putrefacción.
Las pesquisas revelaron una continuidad operativa flagrante entre ambas compañías: comparten flota de vehículos, personal y se detectaron transferencias millonarias entre sí. Este entramado buscaba burlar una sanción impuesta por el propio Villena en 2024, quien prohibió operar a Foodrush tras constatar personalmente —sufriendo incluso una intoxicación— la pésima calidad de las raciones de los internos. A pesar de estos antecedentes, Martínez firmó la renovación del contrato con la empresa sospechada apenas unas horas antes de que las fuerzas de seguridad ingresaran a su despacho.
El operativo estuvo marcado por intentos de obstrucción y sospechas de encubrimiento. Al ser requerido su teléfono celular, el funcionario entregó un aparato obsoleto y alegó haber perdido el de uso habitual esa misma mañana. Sin embargo, las pericias técnicas ubicaron la señal del dispositivo "extraviado" en la zona de Barracas una hora antes del allanamiento, lo que refuerza la hipótesis del juzgado de que Martínez recibió un aviso previo sobre la medida judicial y procedió a descartar el móvil para ocultar pruebas comprometedoras.
El escándalo suma aristas inquietantes relacionadas con la logística personal del jefe penitenciario, quien llegó al cargo en marzo de 2024 designado por Patricia Bullrich. Se descubrió que Martínez se movilizaba en una camioneta registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un conocido referente de La Salada que actualmente se encuentra prófugo. Frente a la gravedad de los hechos, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha manifestado su apoyo a la investigación para intentar desarticular las mafias enquistadas en el sistema de proveedores carcelarios.
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