Manifestantes entraron en la sede de ANDIS en Belgrano

Manifestantes entraron en la sede de ANDIS en Belgrano

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Un grupo de trabajadores, profesionales y familiares vinculados a la comunidad de personas con discapacidad protagonizó este martes una tensa protesta en las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicadas en el barrio porteño de Belgrano. Los manifestantes exigieron ser recibidos por las autoridades del organismo ante la falta de respuestas sobre la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron recortes en pensiones, demoras en pagos y la interrupción de terapias y tratamientos esenciales.

 

La concentración comenzó durante la mañana, y aunque los manifestantes aseguraron que existía un compromiso para mantener una reunión con el interventor del organismo, Alejandro Vilches, finalmente el encuentro fue suspendido. Ante la negativa de ser recibidos y el rechazo a un petitorio, el grupo decidió ingresar por la fuerza al edificio, rompiendo el vallado de seguridad. “Estamos cansados del destrato. Que no acepten el petitorio es una falta de respeto enorme”, expresó la actriz Valentina Bassi, presente en la movilización.

 

Entre los manifestantes también se encontraban padres y madres de niños con discapacidad que reclamaron por la falta de atención estatal. “Tuvimos que empujar y romper puertas para que nos escuchen. No somos violentos, pero nadie responde. Nuestros hijos necesitan sus terapias y los profesionales no cobran”, lamentó María, madre de dos niños con discapacidad, al borde de las lágrimas. La protesta concluyó con momentos de tensión, pero sin enfrentamientos graves con las fuerzas de seguridad.

 

En paralelo, el Gobierno confirmó la suspensión temporal de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según el decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, la aplicación de la norma quedará en pausa hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que “sin partidas presupuestarias asignadas, la ejecución de la ley no puede avanzar”, lo que generó nuevas críticas de las organizaciones del sector, que denuncian abandono estatal.

 

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