Salarios de miseria: el enojo en la policía
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5 de febrero de 2026
La protesta del cabo Miguel Ángel Montiel, quien se encadenó armado a las rejas de la Casa Rosada, desnudó una crisis terminal en las fuerzas de seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich. El uniformado denunció que entre el 50% y el 70% de los suboficiales debe trabajar como chofer de aplicaciones para subsistir, con salarios de entre 700.000 y 850.000 pesos, montos muy inferiores a los de la policía porteña o bonaerense. A esto se suman denuncias por corrupción estructural en el manejo de personal y el colapso del sistema de salud en el Hospital Churruca.
El malestar interno contrasta con lo que los efectivos califican como "un show" del Ministerio: la creación de la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), un organismo que carecería de personal real y funcionaría solo como una marca publicitaria para simular un "FBI argentino". Mientras la cúpula exige exhibir carteles de la DFI en operativos, la tropa manifiesta indignación por aumentos salariales del 1,9%, cifra que consideran una burla frente a la inflación. La tensión es máxima, ya que los mismos policías son enviados a reprimir protestas de sectores que sufren sus mismas carencias.
Ante este escenario, circula en redes una convocatoria masiva a un acuartelamiento para el 15 de marzo, buscando sumar a la Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario bajo el reclamo de sueldos dignos. En respuesta, los jefes de las fuerzas han comenzado a amenazar con poner en disponibilidad a cualquier agente que se pliegue a la medida. Ante el temor a las sanciones directas, se prevé que sean los familiares de los uniformados quienes encabecen las movilizaciones en las calles para visibilizar el reclamo.
La reacción oficial consistió en desacreditar a Montiel alegando antecedentes psiquiátricos y dándolo de baja de inmediato. Sin embargo, el gobierno no ha logrado desmentir la precarización laboral ni los esquemas de "destinos fantasmas", donde los superiores se quedarían con parte del presupuesto asignado a efectivos inexistentes. Con una base salarial que no recibía actualizaciones reales desde agosto y un descontento que desborda los cuarteles, el 15 de marzo se perfila como un desafío crítico para la estabilidad de la seguridad nacional.
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