Habló la abogada argentina detenida en Brasil por racismo
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6 de febrero de 2026
La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema el pasado 14 de enero. A pesar de que la joven ya contaba con una tobillera electrónica, el Juzgado Penal N°37 hizo lugar al pedido de la fiscalía por considerar que existe un riesgo real de fuga e intimidación hacia las víctimas. Tras conocerse la noticia, Páez publicó un video en TikTok manifestando estar "muerta de miedo" y denunciando la vulneración de sus derechos.
Los fiscales fundamentaron la medida basándose en el análisis de las cámaras de seguridad y testimonios que corroboran que Páez imitó a un mono para insultar al personal del local tras una discusión por la cuenta. La resolución judicial destaca que su permanencia en libertad representa un peligro para la instrucción criminal, ya que podría influir en los testigos para que no declaren con imparcialidad. Además, se señaló que, incluso fuera del establecimiento, la imputada continuó con las agresiones a pesar de ser advertida de que su conducta era un delito grave en Brasil.
La investigación, que la Policía Civil dio por cerrada el 23 de enero, resalta un detalle clave: una de las acompañantes de la abogada intentó detenerla sin éxito, lo que para la fiscalía demuestra la plena conciencia de la gravedad del acto. Según la denuncia, la acusada no solo agredió a los mozos en la calle, sino que regresó hacia la cajera para repetir los gestos peyorativos. Para la justicia brasileña, los hechos extrapolaron cualquier "malentendido" y constituyeron un ataque directo y discriminatorio contra la dignidad de los trabajadores.
Por su parte, la defensa de Páez sostiene que su reacción, aunque inapropiada, fue una respuesta a supuestas agresiones y acoso por parte del personal del bar. Sin embargo, los relatos de las víctimas fueron validados por testigos independientes y registros fílmicos. El caso, que ahora entra en una etapa de reclusión efectiva para la profesional argentina, se ha convertido en un recordatorio de la política de tolerancia cero que aplica Brasil frente a los delitos de injuria racial en espacios públicos y turísticos.
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