Cerraron la investigación de la visita a los genocidas

El juez federal Luis Armella archivó la causa que investigaba el rol del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Seguridad, en la polémica visita de seis diputados oficialistas a represores detenidos en el penal de Ezeiza. La decisión se tomó tras el dictamen del fiscal Sergio Mola, quien aseguró no haber encontrado elementos que configuren un delito.

 

La visita, ocurrida el 11 de julio, incluyó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Se reunieron con condenados por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, todos exintegrantes del aparato represivo de la dictadura militar.

 

La situación generó un fuerte revuelo político y judicial tras una publicación del medio La Política Online. El juez del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, presentó una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora, sumándose a presentaciones realizadas por el abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous.

 

En medio del escándalo, la diputada Lourdes Arrieta se apartó del bloque oficialista y denunció haber sido manipulada para asistir a la visita. Además, afirmó sentirse amenazada, al asegurar que Astiz conocía datos personales suyos, y acusó a Benedit y a funcionarios ligados a Martín Menem de enviarle mensajes intimidatorios.

 

La decisión de archivar la causa deja en suspenso el debate sobre el uso político del sistema penitenciario y el acceso de funcionarios a represores condenados, sin que se profundice la responsabilidad institucional del SPF.

 

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