Polémica por los cambios con la Policía Federal

Por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno nacional amplió las atribuciones de la Policía Federal Argentina, permitiéndole realizar requisas y detenciones sin orden judicial, así como ciberpatrullajes en redes sociales y otras plataformas digitales. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el número 383/2025, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

 

El DNU redefine el rol de la fuerza federal, estableciendo como misión principal la prevención e investigación de delitos federales complejos y la protección de la “seguridad del Estado Nacional”. Entre los puntos más polémicos se encuentra la autorización para realizar requisas personales e inspecciones de vehículos sin orden judicial, basadas en presunciones “razonables y objetivas” de que se ocultan elementos vinculados a delitos. La normativa también permite actuar sin orden previa cuando no sea posible esperar la intervención judicial por riesgo de pérdida de pruebas.

 

Además, el decreto introduce una “modernización” del sistema de ingreso y formación de agentes, mediante un nuevo esquema orientado a incorporar universitarios ya graduados, en línea —según el texto oficial— con prácticas del FBI estadounidense.

 

Diversos especialistas en derecho y organismos de derechos humanos advirtieron que estas modificaciones pueden representar una amenaza a las garantías constitucionales y libertades civiles, al ampliar el margen de acción de las fuerzas sin control judicial efectivo.

 

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