Polémica por el traslado de Astiz a Campo de Mayo

El Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, trasladó en secreto al represor Alfredo Astiz y a otros condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo. La medida fue denunciada por organismos de derechos humanos como un intento de garantizarles condiciones de detención privilegiadas, lejos del régimen de cárceles comunes.

 

El operativo se realizó durante la madrugada y benefició a 19 represores, incluidos nueve implicados en crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre ellos se encuentran Astiz, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías y Adolfo Donda. El nuevo destino ofrece actividades como tenis, teatro y talleres de stretching, lo que fue interpretado como un trato diferencial.

 

Desde el SPF se justificó el traslado alegando sobrepoblación en las cárceles federales y la necesidad de liberar plazas para mujeres privadas de libertad. No obstante, la decisión reavivó el debate sobre el trato a los condenados por crímenes de la última dictadura cívico-militar.

 

En la Unidad 31 de Ezeiza, los represores ya habían recibido visitas de legisladores de La Libertad Avanza, quienes fueron duramente criticados por mostrarse sonrientes junto a quienes aún no informaron el destino de sus víctimas.

 

Los organismos de derechos humanos reiteraron su preocupación por lo que consideran una maniobra para garantizar beneficios indebidos a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

 

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